ACCIDENTES QUE FUERON ATENTADOS

Es habitual que los gobernantes, manipulando la información, traten de mostrar los hechos trágicos de forma adecuada a sus intereses ocultando la verdad. Actos terroristas, que quizá podrían cambiar el devenir político, los convierten en accidentes. La historia es pródiga en ello.

Cuando la muerte del presidente Carrero Blanco, los directores de periódicos recibimos una llamada del Ministerio de Información y Turismo para que publicáramos que había sido causado por una explosión de gas. El término asesinato quedó congelado durante unas cuantas horas de aquel 20 de diciembre de 1973.

Ya en democracia también nos indicaban que los atentados de ETA los convirtiéramos en sucesos comunes, sin citar para nada a la organización terrorista vasca. La argumentación oficial era que, como básicamente lo que pretendían con tales acciones criminales era publicitarse, la forma de combatirles era ignorándolos.

Destacadas personalidades se encontraba en Zaragoza con motivo de la entrega de despachos a los nuevos oficiales en la Academia General Militar. Entre ellas Carmen Polo, viuda de Franco, acompañada de los marqueses de Villaverde y sus hijos, pues uno de ellos iba a participar en el acto castrense. Estaban alojados en el hotel Corona de Aragón, el más céntrico y lujoso de la ciudad, que tenía ocupadas la mayor parte de sus habitaciones.

Pasados unos minutos de las ocho de la mañana de aquel 12 de julio de 1979 se produjo un incendio. Los empleados intentaron sofocarlo pero, ante la magnitud del fuego, marcharon tras dar la alarma. Al poco el edificio ardía por los cuatro costados. Los huéspedes trataban de huir despavoridos. Unos escapaban de las llamas por la puerta, otros eran rescatados en los balcones, también en la azotea gracias a un helicóptero, los más decididos saltaban a las lonas de los bomberos, otros se ponían a salvo anudando sábanas para descolgarse hasta la calle y, los más desesperados, se arrojaron al vacío desde las ventanas, falleciendo la mayoría.

Algunos, ajenos a la tragedia, continuaban durmiendo en la cama. Murieron varios por asfixia de monóxido de carbono. Muy pocos perecieron carbonizados.

Toda la familia del anterior jefe del Estado fue rescatada desde los balcones. También el general Alfonso Armada, que un par de años después sería uno de los protagonistas del 23-F, y el futbolista Jorge Valdano, que acababa de fichar por el club maño.

A las doce del mediodía el siniestro estaba controlado. Una hora más tarde el Gobierno Civil hacía pública una nota afirmando que “el incendio se debe a un accidente y que había que descartar por completo cualquier sospecha de que fuera provocado”.

Demasiada prisa por aclarar el origen del siniestro. Todavía se estaba trasladando a los fallecidos al Instituto Anatómico Forense y se desconocía el número de muertos y heridos. No había dado tiempo a que los técnicos analizaran las causas del incendio. Se aceptaba como buena la versión de los camareros achacando el fuego a la freidora de churros situada en la cocina.

El balance final fue de 78 muertos y 113 heridos. De inmediato se dispararon las sospechas, apuntando la autoría a un posible atentado. La concentración de militares de alta graduación, junto a la familia Franco, constituía un factor determinante para alimentar las teorías conspirativas.

Esa tarde el diario Heraldo de Aragón recibió sendas llamadas reivindicando la acción terrorista en nombre de ETA y del FRAP. En días posteriores se conoció que durante el suceso se habían escuchado dos o tres pequeñas explosiones y que, al parecer, se había utilizado material incendiario para acelerar la propagación del fuego.

El gobernador civil, Francisco Laína, insistía reiteradamente en la versión inicial del accidente fortuito, al igual que el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá. El primero fue ascendido un año después a director general de Seguridad, cargo por el que desempeñó provisionalmente la jefatura del Gobierno durante el intento de golpe de Tejero. Conoce muchas cosas de ambos casos y de otros bastante oscuros pero ha guardado silencio, permaneciendo en el anonimato. En cuanto al político mallorquín, 10 años después manifestaría a “El Mundo” que siempre había tenido dudas sobre el origen de las llamas pero que nunca hubo pruebas de lo contrario.

En aquella época se vivió uno de los periodos más difíciles de la transición política a causa de la incesante actividad terrorista. Las dos ramas de ETA llevaron a cabo en 1979 una de las campañas más sangrientas de su historia, con 84 muertos, y solo superada al año siguiente, con 93. El estamento castrense constituía un objetivo preferente. Y el Corona de Aragón, una cita de mandos del Ejército y personajes importantes cuya eliminación provocaría una situación extrema.

De ahí las prisas del primer Gobierno constitucional de Suárez para, ante el malestar castrense, incluso ruido de sables, achacar la catástrofe humana a una causa natural. Eran tiempos en que a los militares, guardias civiles y policías asesinados los sacaban de los tanatorios a veces por la puerta de atrás y con funerales privados para evitar que tuvieran resonancia. Desde la Moncloa trataban de contener la creciente tensión política.

Los familiares de las víctimas, muchos conscientes de que se trataba de un atentado en toda regla, reclamaron en vano sus derechos. La Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó la demanda por no “resultar debidamente justificada la perpetración del delito”. La Audiencia Nacional lo ratificó afirmando que no se había acreditado el carácter terrorista del suceso, por lo que los hechos quedaban sobreseídos.

Diez años más tarde el Tribunal Supremo concluyó que hubo intencionalidad en el siniestro, señalando que “no guarda relación la escasa entidad del incendio producido en la freiduría (… ) con las catastróficas consecuencias que se originaron”. Sentencia que absolvía de cualquier responsabilidad al hotel y libraba de resarcimientos a las aseguradoras.

Con Aznar como presidente se les concedió una indemnización similar a la que reciben las víctimas del terrorismo. Pero sin reconocer que el incendio había sido provocado.

Finalmente, transcurridas tres décadas, el Tribunal Supremo sentenció a favor de uno de los demandantes para que se le concediera la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Fallo que se basaba en un informe pericial señalando que el incendio “no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual». Reconocimiento que después se amplió a las familias de los restantes fallecidos.

Al parecer, intervinieron tres sujetos, utilizando napalm y magnesio para intensificar la fuerza de las llamas. Un gravísimo acto terrorista que el Gobierno de UCD trató de achacarlo a una causa fortuita.

Juan Rada

 

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