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EL TRÁGALA SOCIALISTA

Estos días están coincidiendo en un peligroso cóctel, graves problemas de orden público en Cataluña, con declaraciones de miembros destacados del Gobierno insinuando -tras el descrédito de éste- que la libertad de información debería tener coto.
Si incluimos en la “barrecha” la rueda de prensa del socio mayoritario (Podemos) del presidente Sánchez, donde los morados expusieron sus planes para con el Valle de los Caídos y que éstos pasan -aparte del radical replanteamiento arquitectónico- por el reclutamiento de un equipo de cicerones que “ilustraría” a las visitas con una información oficial y visada, fuera de la cual, cualquier opinión discordante sería considerada delito, nos encontramos con que se están dando todas las circunstancias que excusaron las bochornosas Ley de Defensa de la República (1931) y la posterior Ley de Orden Público (1933).
Ambas leyes constituyeron en sí mismas una poderosa herramienta de control del Estado sobre las libertades públicas, además de la prueba más fehaciente de la falsedad histórica que supone adjudicar a la Segunda República el título de “paraíso democrático”.

La LDR fue aprobada bajo la presidencia de Azaña con caracter transitorio el 21/10/1931 mientras se redactaba la Constitución para “dotar al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia y actuar contra los que cometieran actos de agresión contra la República” (sic).
Como quiera que esta ley entraba en franca contradicción con la Constitución recien parida, se le adjudicó un caracter de transitoriedad, pero lo cierto es que se quedó hasta su sustitución en 1933 por la aún más restrictiva Ley de Orden Público, convirtiendo la excepción en norma fundamental en la configuración del régimen jurídico.
Literalmente se concedía “al gobierno definido como de plenos poderes, la facultad de suspender las libertades públicas sin la intervención judicial, si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama”.
No lo mejora ni Franco, oiga.

En este punto, parece oportuno recordar cuál fue la postura del PSOE (socios en el Gobierno Azaña, con Besteiro de presidente del Congreso) a través de las palabras de Juan Simeón Vidarte:
“Una vez más había vencido la razón de Estado en el Gobierno y la coacción ministerial en nuestra minoría. Nada de esto nos exime de la vergüenza de haberla votado”.
Los socialistas siempre tan prácticos.

La LOP se aprobó el 28/7/1933 y -pásmense- tomó como referencia en su redacción el anteproyecto de Ley de Orden Público de la Asamblea Nacional de la Dictadura de Primo de Rivera, copiando exactamente de éste los tres tipos de Estado de Excepción (prevención, alarma y guerra).
Vamos, que practicamente solo quedó excluida la Ley de Fugas.
Desde la aprobación de la ley, hasta el comienzo mismo de la guerra civil, los períodos en que rigió la normalidad democrática fueron escasísimos, manteniéndose tanto por el gobierno de Azaña, como posteriormente por las derechas y finalmente por el Frente Popular el Estado de Excepción como norma en sus respectivos gobiernos.

Hoy, 85 años después de que se aprobara aquella ley, que no solamente no logró evitar la guerra civil sino que armó ideologicamente a los futuros contendientes, la izquierda española vuelve testaruda a sus orígenes totalitarios y cuando el viento sopla desfavorable para sus intereses reclama mordaza:
“La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos y como han dejado claro en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo”.

Carmen Calvo dixit, e insiste:
“Si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto.
Algunos países del entorno europeo están empezando a tomar decisiones de regulación, es decir, de intervenir, y están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la información es la que no existe. Es necesaria la seguridad”.

Pues bien, “esto”, desmemoriados señores socialistas, los españoles ya lo vivimos… y no acabó bien.
Cerramos con una aclaradora cita del historiador Manuel Ballbé acerca del debate previo a la aprobación de la LOP :
“Los acontecimientos posteriores demostraron cuán acertadas eran las críticas… y que en realidad esta Ley completaba las bases de un Estado autoritario”.

Qué cabroncetes los zurdos, de ayer o de hoy, llevan todos un dictador dentro.
Es la vuelta del Trágala.

LARREA    OCT/2018

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