INDICIOS DE ILEGALIDAD

Corrupción en Asturias

Caso Marea: José Luis Iglesias Riopedre, hombre de confianza de Areces durante tres décadas y consejero de Educación, en delitos de prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. Iglesias Riopedre adjudicaba presuntamente contratos a su hijo, Ernesto Iglesias, como los 1,1 millones que se pagaron por cinco equipamientos concedidos por Educación, y que llevaban aparejados una comisión del 8% a favor de Geogal, la empresa del hijo de Riopedre.

Educación adjudicaba contratos millonarios a dos empresas (Igrafo y Almacenes Pumarín), quienes a su vez le pagaban viajes, cruceros internacionales, relojes, joyas o gastos suntuarios en el Corte Inglés por millones de euros a Iglesias Riopedre (por el que se piden diez años) y a María Jesús Otero, directora general de Planificación y mano derecha de Riopedre, que llegó a manejar un gran negocio inmobiliario gracias al presunto cobro de comisiones y pagos de las empresas adjudicatarias.

La Fiscalía pide once años para ella en un juicio que está visto para sentencia. ¿Qué papel juega Vicente Álvarez Areces en esta descomunal red de corrupción? ¿Acaso Areces no conocía una malversación de fondos públicos que ronda los 11 millones de euros en colegios y centros públicos?

Ampliación de El Musel: Para hacernos una idea de la envergadura del caso de El Musel, la trama Gürtel, que estos días inicia sus sesiones orales, supuso un daño de 120 millones para las arcas públicas. Las irregularidades fueron múltiples y el asunto complejo.

El 26 de julio de 2004, previamente a la licitación de la contratación, la Autoridad Portuaria de Gijón había llegado a un acuerdo con Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) por el que HC ponía a disposición del futuro adjudicatario de la ampliación del puerto de Gijón la cantera de Aboño (próxima al lugar de las obras y propiedad parcialmente de la empresa SATO) para el suministro de los materiales necesarios, principalmente piedra. Los licitadores podían elegir libremente cualquier cantera pero ésta, siendo la más cercana, resultaba la más económica.

El 4 de enero de 2005 se adjudica, por unos 500 millones de euros más IVA, el contrato de ejecución de las obras de ampliación del puerto de Gijón a la UTE Dique Torres, conformada por las empresas Dragados, FCC, FPS, Alvargonzález contratas, y SATO. Los dos licitadores más caros, Dragados y Ferrovial, habían ofrecido respectivamente la misma cantidad. Al céntimo. ¿Qué probabilidades hay que pueda suceder algo así en una obra de estas dimensiones? Aún más: ¿quién aprobó esta adjudicación? ¿Quién estaba en aquel Consejo de Administración? Estaban, entre otros, Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón en aquel entonces, Francisco González Buendía y Herminio Sastre, consejeros con Areces, y el propio Vicente Álvarez Areces. ¿Qué hacía allí si no era miembro del Consejo de Administración?

Posteriormente a la adjudicación, HC comunicó que le era imposible respetar el acuerdo alcanzado ni asegurar a la UTE Dique Torres el acceso a la cantera de Aboño. Esto significaba el encarecimiento del contrato. Las empresas utilizarían entonces la cantera de la principal fortuna privada asturiana, Tudela Veguín, propiedad de la familia Masaveu, que recibió la medalla de oro de manos de Javier Fernández en 2015, a pesar de aparecer en la lista Falciani y después en los Papeles de Panamá. El 18 de diciembre de 2007, la Autoridad Portuaria de Gijón aprueba inicialmente un sobrecoste de 247,5 millones de euros respecto al coste inicial del proyecto. En ese Consejo de Administración encontramos a Belén Fernández, consejera con Areces y también en la actualidad con Javier Fernández, y a José María Pérez, último candidato socialista a la Alcaldía de Gijón y persona de confianza del presidente asturiano.

Los indicios de ilegalidad son numerosos, pero quizás lo más llamativo y evidente es que un anónimo remite a la Fiscalía Anticorrupción 61 actas internas de la UTE Dique Torres que revelan que la oferta por la que se adjudicó el contrato era inconsistente. Estas actas descubren que la UTE era consciente de la imposibilidad de realizar el proyecto desde el momento en el que se adjudicó. Así el 4 de enero de 2005 se adjudican las obras y en actas del Comité de Gerencia de Dique Torres, fechadas entre el 27 de enero de 2005 y el 25 de febrero de 2010, ya se refleja que resultaría imposible la realización de la obra conforme a los precios acordados en la adjudicación. Así que la UTE Dique Torres comienza a facturar la piedra por un precio mayor desde abril de 2006. Pero no es hasta diciembre 2007 cuando comienza a tramitarse el modificado, que no es aprobado definitivamente por la Autoridad Portuaria hasta 2009. Es decir, se pagaron facturas durante tres años a un precio superior al establecido por contrato.

Y a pesar de todo lo anterior, aquí no termina la larga lista de casos de presunta corrupción vinculados al Gobierno de Areces. Se han detectado irregularidades en la contratación de obras para la realización de geriátricos del organismo autonómico ERA, obras encargadas a la constructora pública SEDES.

Areces gastó 380 millones de euros en una regasificadora, declarada ilegal por el Tribunal Supremo, que nunca entró en funcionamiento.

En el Caso Mareína se investigan contratos por importe de un millón de euros que la Consejería de Sanidad del Principado adjudicó a empresas del grupo La Productora durante el Gobierno de Areces.

La Fiscalía también investiga indicios de malversación, prevaricación y falsedad documental en las obras de extensión de la banda ancha en Asturias, encomendadas a la empresa pública Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA)

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