España en el año 2.000 tenía 10 millones de personas en riesgo de pobreza.
Cuando la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, fijó los objetivos de desarrollo hasta 2.015, obligaba a España a reducir a la mitad el volumen de población en situación de exclusión que tenía en el año 2000. Esto significaba que al llegar al año 2.015, no podía haber en España más de 5 millones de ciudadanos en exclusión social… la cifra pone los pelos de punta.
Pues bien, ya estamos en el 2.015 y lejos de haber reducido la cifra a la mitad, la situación ha empeorado… hoy son más de 13,4 millones, el 29,2% de los ciudadanos.
Así que nos han vuelto a llamar al orden…. España debe reducir antes de 2.030 el volumen de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en al menos un 62%, para que haya menos de 5 millones de ciudadanos en esta situación (a España se le impone como misión conseguir que el 40% de su población más pobre tenga más riqueza que el 10% más rico de sus ciudadanos).
Por otra parte, Bruselas obliga a España a cumplir las normas respecto a los refugiados que acoja, que son ni más ni menos: garantizarles de manera “material” vivienda, alimentos, sanidad y empleo, así como cuidados médicos y psicológicos y restringir la detención de las personas vulnerables, especialmente menores. Además de permiso de residencia, documentos de viaje, el acceso al empleo, educación, ayudas sociales, sanidad, alojamiento…
En estas condiciones, me parece imposible reducir la cifra de la población en riesgo de pobreza, ya que los recursos del Estado se van a utilizar en “poner a vivir” a esos invitados que nos colaron.
¡Que me lo expliquen!
ROSA M. CASTRO
