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OBJETIVO REPÚBLICA (I)

Recién cometido el atentado de los trenes en Madrid el 11 de marzo de 2004 llegó a mis oídos que el Gran Oriente de Francia estaba implicado, según fuente que me decía estar bien informada. No habiendo más eco dejé aquello en el olvido como una más de las teorías conspiratorias acerca de aquella masacre que se cerró con la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno español.

El nuevo presidente, sin entrar en su catastrófica gestión económica, donde llegó a malvender reservas importantes del oro del Banco de España (que habrían multiplicado su valor poco tiempo después), abrió la hoja de ruta hacia la liquidación de la nación con dos frentes  con los que se quiere reventar su unidad y traer una república, no una república cualquiera, sino la sucesora de la vencida en 1939, pues sus partidarios enarbolan la misma bandera como si una ausencia de más 88 años fuera nada. Estos frentes abiertos por Zapatero son el secesionismo catalán, al que seguirán todos los demás, y la Ley de Memoria Histórica.

Fue él el que alentó el maximalismo separatista, promoviendo un estatuto catalán del que avisaba por anticipado que su partido daría conformidad en el Congreso fuese cual fuese lo que aprobare el Parlamento Catalán.

Sin valor (y probablemente sin intención alguna) para defender los derechos adquiridos por la clase trabajadora, se marchó del Gobierno anticipadamente, no sin antes haber rebajado el costo por despido de 45 días por año trabajado, que se mantenía desde tiempos de Adolfo Suárez, a 20.

Sin embargo la verdadera herencia de este personaje llegado al poder tras aquel atentado que dejó 192 cadáveres y 1755 heridos no es la absoluta indefensión en que dejó a la parte más débil de la relación laboral o sus contratos basura, sino la Ley de Memoria Histórica, auténtico objetivo de su mandato que revela la razón por la que llegó a la Presidencia del Gobierno.

Efectivamente, la Ley de Memoria Histórica entraña la idea de que toda legitimidad legal parte de la II República. Proscribe toda notoriedad pública de personajes vinculados al bando vencedor en la conflagración civil de 1936 a 1939, atribuyendo la razón de la lucha a uno sólo de los dos lados enfrentados. El germen que la anima no se limita al nomenclátor de calles, plazas o a la estatuaria. Esto es sólo alpiste para la izquierda nostálgica. Dentro de esta hoja de ruta hasta el derrocamiento de Felipe VI está la demolición del Valle de los Caídos, previa exhumación de los restos de Francisco Franco.

Está a exposición pública el punto de vista de cuantos respaldan este objetivo. No hace falta indagar mucho en los núcleos que lo alientan cuando ellos mismos lo cuentan a través de los diversos foros y medios. Como es sabido la monarquía que sucede a Franco tras su muerte es un hecho de reinstauración, no de restauración. En 1947 tuvo lugar un referéndum que aprobaba la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Sin embargo Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, había declarado poco antes: “El General Franco ha anunciado públicamente su propósito de presentar a las llamadas Cortes un proyecto de Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, por el cual España queda constituida en Reino, y se prevé un sistema por completo opuesto al de las Leyes que históricamente han regulado la sucesión a la Corona”. Y así era desde el punto de vista de las tradiciones de las casas reales europeas, lo que nos lleva a reconocer que aquellas Leyes y sus plebiscitos (a la de 1947 sucedieron la Ley de Principios del Movimiento de 1958 y la Orgánica del Estado de 1966) establecieron una monarquía de nuevo cuño. Por tanto se instauraba una nueva monarquía, no se restauraba la caída en 1931. Lo único coincidente con aquélla era el apellido Borbón, el del nieto del huido y depuesto rey Alfonso XIII.

El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I jura ante las Cortes en los siguientes términos: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. Por este juramento pasó a ser Rey de España.

Pese a su manifiesto de 1947, el 14 de mayo de 1977, Juan de Borbón, que había jugado con varias barajas ante diferentes bandos de la II Guerra Mundial, pronunciaba estas palabras en el palacio de la Zarzuela en un acto familiar: “En virtud de esta mi renuncia, sucede en la plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre el Rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el Rey Don Juan Carlos I”. Evidentemente se trataba de un acto privado, carente de toda institucionalidad y ajeno a las Cortes.

La misma Ley para la Reforma Política de 1977 expresa en su título lo que es: una reforma. De ninguna manera se trataba de una ruptura, de un borrón y cuenta nueva mediante un referéndum y que el pueblo decidiese de mano si quería una monarquía o una república y sobre esta decisión abrir un período constituyente. Nada más lejos de lo que sucedió. Tras ella vino la Constitución de 1978, con el mismo escudo que había habido durante décadas y que fue modificado posteriormente, en un afán de borrar pistas del origen.

El refrendo de la monarquía quedaba implícito, pues iba dentro del paquete constitucional. Cómo Adolfo Suárez astutamente hizo esta maniobra queda explicado en una entrevista que le hizo la periodista Victoria Prego en 1995. A la pregunta de si “le otorga legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey”, Suárez responde tapando uno de los micrófonos, pero quedando abierto otro que recoge su respuesta: “Pues simplemente que cuando, que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un gobierno sobre monarquía o república hacía encuestas y perdíamos (sic)”…”Entonces yo metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley, y así dije (a aquéllos) que había sido sometida a referéndum ya”. Y de este modo pasó intacta la monarquía instaurada por Franco.

Un detalle relevante es que durante el período de transición en ningún momento Juan Carlos I deja de ser Jefe de las Fuerzas Armadas. Todos los protocolos de la época lo reconocen así, antes, durante y después del período de la Reforma. De modo que es incuestionable que la jefatura de los ejércitos pasa directamente de Franco a Juan Carlos I. Esta subordinación del Presidente del Gobierno al Rey como comandante de los ejércitos es el verdadero objeto de preocupación por parte de los anti-sistema y el gran escollo hacia la voladura de España como luego veremos. Y aquí no debemos entender que por anti-sistema nos referimos a alborotadores callejeros ni a partidos radicales de izquierda, sino a los que en las sombras o a la vista pública han urdido el camino hacia la restauración republicana. Es decir de una república imbuida de los principios que informaron la que nació fraudulentamente en 1931.

JORDI PLA

 

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